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La Ministra María Paula Romo solicitó comparecer en la Asamblea Nacional

La funcionaria abordará la situación de los policías en el caso conocido como “Mascarilla”, registrado en agosto de 2018, en la provincia de Imbabura.

La ministra del Interior y secretaria de la Política (e), María Paula Romo, solicitó comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional “para explicar sobre los temas de seguridad ciudadana y la situación de los policías en el caso conocido como “Mascarilla”, registrado en agosto de 2018, en la provincia de Imbabura.

La solicitud fue remitida, mediante Oficio MDI-0063, el pasado 16 de enero. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, definió hora y fecha para la comparecencia. Se efectuará este martes 22 de enero, desde las 10h00.

La solicitud presentada por la titular del Ministerio del Interior tiene por objetivo dar cumplimiento a la resolución de la Sesión No. 569 de la Asamblea Nacional, del 18 de septiembre del año anterior. Allí se estableció la necesidad de que las acciones en torno al suceso ocurrido en Mascarilla sean informada a los parlamentarios.

En este espacio, la ministra Romo también dará a conocer la situación de la zona de Buenos Aires y Urcuquí; así como los detalles del operativo efectuado en el sector y las repercusiones que tuvo, ya que trazó una hoja de ruta para recuperar el imperio de la ley en cada rincón del país.

El uso de la fuerza es legal para salvar una vida”: María Paula Romo

Las principales autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional; los alcaldes de los seis cantones de la provincia de Imbabura, y otras autoridades provinciales dieron una rueda de prensa esta tarde, en el ECU 911, luego de analizar en conjunto -el contexto y sobre la base de información objetiva- el lamentable femicidio de Diana, cuya particularidad fue que ocurrió ante la presencia de policías y ciudadanos, en la ciudad de Ibarra.

El general Patricio Carrillo, director Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, explicó que lo ocurrido ayer empezó como un caso de violencia intrafamiliar y fue escalando la gravedad de la situación hasta terminar en el crimen de Diana, un hecho sobre el que “no nos queda más que como Policía Nacional asumir el incumplimiento de algunos pasos puntuales en el protocolo de comando de incidentes”. No obstante, el general Carrillo dejó en claro que los policías ecuatorianos tienen la facultad de usar su arma si la situación lo amerita, de acuerdo con principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad: “ningún policía está prohibido de hacer uso del arma. Somos una institución jerarquizada, especializada, técnica y armada por lo cual se autoriza el uso de la fuerza”.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, lo dijo en la mañana y lo repitió en la rueda de prensa: “la Policía no solo puede usar la fuerza, sino que tiene la obligación de hacerlo. Cuando se trata de proteger una vida, la Policía no debe dudar. Ese es su papel y está facultada para hacerlo”. Sin embargo, tras el incidente de anoche y sin justificar la respuesta policial dada, la Ministra contextualizó que Imbabura es la única provincia que tiene un policía privado de la libertad por haber usado su arma para contrarrestar un grave incidente; ello ocurrió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y policías en la población de Mascarilla, gravemente afectada por la minería ilegal vinculada al crimen organizado. “Cuando estos casos suceden -dijo la Ministrahay que dar explicaciones y rendir cuentas sobre el tipo de procedimiento que se emplea, pero también hay que dar un mensaje claro de respaldo a la actuación de la Policía Nacional”.

Precisamente, hace tres días en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, se realizó un operativo con ocho allanamientos y 24 detenidos. Sin embargo, la jueza liberó a todos los implicados y a criterio de la ministra Romo, ese accionar también es un mensaje negativo hacia la labor de la Policía. Por ello, hizo un llamado para que fiscales y jueces respalden la acción policial.

En la rueda de prensa estuvieron, además, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra; Fabian Posso, alcalde de Antonio Ante; Julio Cruz, alcalde de Urcuqui; Óscar Narváez, alcalde de Pimampiro; Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi; Pedro Manuel Rosales, representante del Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y Pablo Jurado, prefecto de Imbabura. (I)

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