Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar la documentación que respaldaría su demanda.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) pidió a la Fiscalía General del Estado que se vincule al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado en la investigación sobre el abuso de recursos públicos y el favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la empresa SK E&C CONSULTORES ECUADOR S.A./ SK ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY.

“Hemos venido a presentar documentos que justifican nuestra denuncia por el más grande atraco en contra de la economía del país”, desde la adquisición del terreno, licencias, patentes, de una refinería que no existe. Se encuentran suficientes indicios para vincular el exmandatario Rafael Correa, manifestó Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T.

La denuncia, que fue presentada este 11 de febrero de 2019, anexó el informe de investigación sobre el proyecto Refinería del Pacífico,en el que se apunta que el expresidente emitió los Decretos Ejecutivos a través de los cuales se declaró la emergencia en la entonces denominada Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador y todo el sistema denominado Petroecuador, sin que se justifique técnicamente dicha medida.

La declaratoria de emergencia instauró un régimen de excepción en el sector petrolero que habilitó el marco jurídico para que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue recursos públicos por parte de EP Petroecuador a la compañía Refinería del Pacífico RDP CEM, en los años 2008 y 2009, por un total de USD 50´352.000,00 (cincuenta millones trescientos cincuenta y dos mil dólares).

Con el mismo marco jurídico se suscribieron dos contratos entre la Refinería del Pacífico y la empresa SK, para los “Estudios de determinación de la Línea Base Ambiental para la construcción del Proyecto Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico” y para los “Estudios de Ingeniería Conceptual para el Desarrollo del Proyecto”, respectivamente, por un valor total de USD 50´775.246,00 (cincuenta millones setecientos cuarenta y seis mil dólares).

Dicho estado de excepción, cuya declaratoria no se sustentó en razones técnicas, habilitó también la entrega de recursos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a EP Petroecuador, para que aporte en calidad de accionista a la compañía Refinería del Pacífico CEM, un total de USD 53´662.000,00 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y dos mil dólares)

Adicionalmente, el Consejo Transitorio solicitó la vinculación delexvicepresidente Jorge Glas Espinel, por la presunción de que, en su calidad de coordinador de los sectores estratégicos, habría conocido y estaría involucrado en la malversación de fondos públicos (peculado), encabezando una red de corrupción pública con la participación de actores privados. Se pidió vincular a la investigación al ingeniero Carlos PólitFaggioni, entonces Contralor General del Estado por la neutralización de los mecanismos de control posterior. Además, que se investigue a las compañías SK, Odebrecht, Caminosca, Worley Parsons, Verdú, entre otras.

En la denuncia presentada se solicitóinvestigar el grado de participación del Econ. Wilson Pastor Morris, expresidente del Directorio de la compañía Refinería del Pacífico y exministro de Recursos Naturales No Renovables; Dr. Doctor Pabel Muñoz, exdelegado del Secretario Nacional de Planificación; y a exgerentes (titulares y encargados) de la Empresa Pública Petroecuador y de la Compañía Refinería del Pacífico, entre otros; como presuntos responsables por el abuso de recursos públicos y actos de favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la compañía Odebrecht.

Además, se presentó una segunda denuncia sobre un presunto tráfico de influencias, y solicitó que se determine el grado de responsabilidad del exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga; de la exfiscal General subrogante, Cecilia Armas Erazo; del exvicepresidente Jorge Glas Espinel; del juez Marco Maldonado Castro; y de la juez Karen Matamoros Orellana, por el archivo de una denuncia ciudadana que puso en evidencia las irregularidades y sobreprecios en la adquisición del terreno para el área de implantación del proyecto de la Refinería del Pacífico. (I)